Desde mediados del siglo anterior los gobiernos enfrentaron el desafío y pusieron en práctica varias políticas tendientes a revertir la situación: (i) Modificación de la organización político-institucional del país que consistió en: (a) dar mayor representación en el Congreso a las provincias con baja población; (b) dar "voz" en el Congreso a los territorios nacionales, que según la Constitución de 1853 no tenían representantes; y (c) transformación de esos territorios en provincias, proceso que en lo sustancial se completó hacia fines de años 50. Finalizó con la provincialización de Tierra del Fuego (1991) y la autonomía de la ciudad de Buenos Aires (1994). De las trece provincias originales se pasó a 23, a las que se agregó la transformación del distrito federal (Capital Federal) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; (ii) Fortalecimiento de los gobiernos provinciales por la vía de la coparticipación federal de impuestos, implementada a partir de 1935. La distribución de la coparticipación se fue volcando a favor de las provincias en las sucesivas modificaciones. Este cambio posibilitó un importante crecimiento de los servicios y del gasto público provincial; (iii) Consagración de las transferencias de igualación fiscal, que tenían antecedentes en la Constitución de 1853 pero que no se habían implementado en forma automática. En los regímenes de coparticipación de impuestos, a partir de 1935, la distribución entre provincias fue volcándose a favor de las más pobres en las sucesivas modificaciones. Este cambio revirtió la situación de fuertes diferencias interprovinciales en la provisión de bienes públicos; (iv) Expansión a lo largo del territorio de los servicios sociales a cargo del presupuesto nacional, explicado por el cambio en la distribución territorial del poder político en el Congreso Nacional. El presupuesto nacional fue utilizado para transferir recursos entre provincias, en general, hacia las más pobres y de menor población. A los servicios sociales tradicionales se agregó la expansión de la oferta de educación universitaria que cubrió la totalidad del país a partir de 1970; (v) Subsidios a familias y empresas por la vía de los precios y tarifas de las empresas públicas que beneficiaban especialmente al Area Metropolitana, que era la que tenía la mayor disponibilidad de los bienes subsidiados. Un dato revela la importancia de este fenómeno: entre 1945 y 1955 los precios y tarifas de las empresas públicas nacionales, en valores constantes, disminuyeron 48%. Estos subsidios, que provocaron la descapitalización y obligaron a fuertes aportes del Tesoro Nacional (financiamiento con impuestos recaudados en todo el territorio). Este efecto debe haber más que compensado el hecho de que algunas de las actividades productivas de las empresas se realizaban en el resto del país. (vi) Diseño e implementación de políticas regionales y sectoriales con la finalidad de promover el desarrollo regional. Entre estas políticas se encuentran los fondos específicos para corregir desequilibrios territoriales (Fondo de Integración Territorial y su sucesor el Fondo de Desarrollo Regional) y los regímenes de promoción económica aplicables a determinadas jurisdicciones -p.ej. la ley 21.608 de promoción industrial en la que sobresalen dos objetivos: promover la inversión industrial, y alentar la radicación de industrias en el interior del país en vista de las desigualdades en la distribución de los recursos. Los beneficios se otorgaron a las provincias de La Rioja, Catamarca, San Juan y San Luis. Coexistieron con esa norma varios regímenes de promoción sectorial y/o regional tales como los de Tierra del Fuego, Patagonia, Vitivinicultura, Tabaco, Azúcar, Forestación, Yerba Mate, etc. Se persiguió el objetivo de promover el desarrollo del interior cargando el costo sobre la región metropolitana. (vii) Protección de las actividades económicas desarrolladas en el área metropolitana, con desprotección de las actividades del interior del país, que tuvieron el efecto contrario al de las políticas del punto (vi).
SIN GRANDES AVANCES
La evolución del producto bruto geográfico per cápita, revela que no se han logrado avances significativos en cuanto a convergencia económica. Un resultado distinto se obtiene si la atención se centra en los indicadores sociales. A largo plazo, tanto el porcentaje de población adulta analfabeta como las tasas de mortalidad infantil y mortalidad bruta, revelan progresos notables y convergencia interprovincial.
En tiempos recientes reaparecieron algunas de las políticas mencionadas. Entre 2002 y 2009 se produjo un congelamiento de las tarifas de varios servicios públicos -transporte, energía eléctrica, combustibles líquidos, gas, agua, etc.- que, como las empresas prestatarias son privadas, obligaron a fuertes subsidios del presupuesto nacional; estos subsidios se concentraron, fundamentalmente, en el área metropolitana. Del mismo modo se establecieron altos impuestos y una variedad de restricciones cuantitativas sobre las exportaciones del sector agroindustrial que perjudicaron a las actividades productivas desarrolladas en el interior del país. Una diferencia con las políticas anteriores es que se concentraron los recursos fiscales en el gobierno nacional, ocasionando un importante debilitamiento de los gobiernos provinciales y municipales.
El diseño de una política eficiente para enfrentar los desequilibrios territoriales es un tema pendiente en la Argentina y constituye uno de los desafíos para el próximo gobierno.
(*) Investigadores del Departamento de Economía de la facultad de Ciencias Económicas de la UNLP
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